Europa investiga el fraude en el etiquetado del pescado

Pescado barato etiquetado como si fuera una especie más cara. Es el fraude que trata de atajar el programa Labelfish, financiado por la UE, en el que participa España por medio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Tras analizar el ADN de 300 productos elaborados con atún, anchoa o bacalao comercializados en Madrid, Bilbao, Vigo y Santiago de Compostela, el equipo español ha llegado a una primera conclusión: el fraude se produce en todas las especies, aunque en porcentajes diferentes: el 25% en el caso de elaborados de atún congelado o fresco (incluidos todos aquellos que se ofrecen troceados en pescadería, sin que se vea el pez completo); el 11,3% en conservas de atún; el 12,2% en semiconservas de anchoa, y el 6,5% en bacalao seco salado. La investigación no ha detectado irregularidades en elaborados de bacalao fresco ni congelado.

“Que un producto no sea de la especie que marca la etiqueta no significa que sea de menor calidad o malo para la salud. Pero es un engaño al consumidor, a veces involuntario y a veces deliberado”, aclara Carmen González Sotelo, que ha coordinado el trabajo desde el Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC en Vigo. “En algunos casos está claro que son errores no premeditados porque no hay ganancia económica. Pero cuando se vende una variedad barata como si fuera otra más cara, es lógico pensar que hay un objetivo fraudulento”, apunta.

¿Por qué el atún es el pescado que presenta mayores tasas de etiquetado incorrecto? “Tiene que ver con la extensión de la cocina japonesa, que valora especialmente el atún rojo. Esta es la especie de mayor valor en el mercado, pero no es fácil distinguirla de otras cuando se vende en porciones o en preparados de sushi. Es lo que explica el alto porcentaje en los elaborados de atún”, detalla la investigadora del CSIC.

Diez alimentos bajo sospecha

El pescado ocupa el segundo lugar en la lista de los 10 alimentos con mayor riesgo de fraude recogida en un informe presentado por el Parlamento Europeo el pasado octubre a raíz del escándalo de la carne de caballo vendida como ternera en una veintena de países europeos. En la clasificación figura en primer lugar el aceite de oliva, y por detrás del pescado aparecen los productos ecológicos, la leche, los cereales, la miel, el café o el té, especias, vino y zumos de frutas.

El riesgo de fraude, según el informe, es mayor cuanto más larga es la cadena de producción y distribución (es decir, cuantos más intermediarios haya, más posibilidad de engaño) y también cuanto mayores son los posibles beneficios que pueda generar el intercambio de especies, por lo que los expertos subrayan la importancia de identificar el tipo de alimentos que pueden dar mayores ganancias.

El informe incluye algunas propuestas para combatir el problema, como la necesidad de establecer claramente lo que constituye un fraude alimentario, una definición que ahora no está armonizada en el territorio comunitario y, por tanto, puede ser distinta en cada Estado miembro.

En el caso del pescado, el etiquetado incorrecto preocupa no solo porque se trata de un fraude al consumidor. “También es un problema que puede afectar a la sostenibilidad marina, porque se corre el riesgo de sobreexplotar determinadas especies que vienen disfrazadas con otra denominación”, advierte Eva García Vázquez, investigadora de la Universidad de Oviedo y directora del estudio publicado en 2011 sobre la merluza. “Incluso puede causar alergias al dar información falsa sobre la especie”, añade.

Los resultados del trabajo español se contrastarán con los del resto de los países que participan en el proyecto (Francia, Irlanda, Portugal, Reino Unido y Alemania) cuando se publiquen todos. De momento, solo hay cifras preliminares en Reino Unido e Irlanda, que calculan unas tasas de error de entre el 2% y el 18%.

El propósito del proyecto Labelfish es establecer un sistema estandarizado de autentificación de especies marinas en toda la UE para mejorar la eficacia de los controles y combatir el fraude en un sector en el que ha saltado la alarma varias veces en los últimos años. En 2011, un estudio de la Universidad de Dublín descubrió que el 28% de los productos de bacalao comercializados en Irlanda y Reino Unido correspondían a especies más baratas que las que marcaban sus etiquetas. También en 2011, un equipo de las universidades de Oviedo en España y Aristóteles en Grecia demostró que casi el 40% de la merluza vendida en estos dos países tenía la procedencia trucada: se ofrecía como americana o europea cuando en realidad era africana (de menor valor). Otro trabajo publicado el año pasado, encargado por la organización de conservación marina Oceana, demostró que el 33% del etiquetado del pescado en EE UU era engañoso.

La industria asegura que no existe fraude. Juan Manuel Vieites, secretario general de la patronal conservera Anfaco, afirma que “el único laboratorio de control de especies y trazabilidad certificado por ENAC [la entidad nacional de acreditación] es el de Anfaco, y nosotros no hemos detectado irregularidades”. “El estudio del CSIC no está validado por ninguna autoridad certificadora”, añade. Luisa Álvarez, directora adjunta de Fedepesca (Federación de Detallistas de Pescado y Congelados), subraya que “el producto que llega a las tiendas y mercados se adquiere ya en las lonjas con certificado de trazabilidad”, por lo que si hay un agujero, este se debe de producir en un eslabón anterior de la cadena.

El problema es que no es fácil averiguar en qué paso está la grieta, como demostró el año pasado el escándalo de la carne de caballo vendida como si fuera ternera, que afectó a una veintena de países europeos, entre ellos España. El caso disparó la preocupación por el fraude alimentario en la UE y propició debates sobre la necesidad de aumentar los controles que aún no se han resuelto.

El eurodiputado socialista Antolín Sánchez Presedo aprovechó la alarma para llamar la atención, a través de una pregunta a la Comisión Europea, sobre el alto porcentaje de irregularidades detectadas en el pescado. La respuesta fue que se está apoyando la investigación para mejorar la eficacia de los controles [con programas como Labelfish, por ejemplo]. “No es un problema de legislación, tenemos suficientes normas. Es un problema de control porque la UE no tiene un aparato administrativo para ejecutar esos controles, los tienen que hacer los Estados miembros. Y cada uno lo hace con mayor o menor eficacia”, señala Sánchez Presedo. “Pero se puede mejorar estableciendo un protocolo sistematizado y común a todos los países. Esto no se puede arreglar improvisando, hay que elaborar un plan estratégico”, opina.

Heston Blumenthal y el ataque de los norovirus

¿Qué sucede en invierno en la Europa del norte que los virus atacan los restaurantes? El mediático chef británico Heston Blumenthal ha cerrado su restaurante londinenseDinner (ubicado en el Hotel Mandarin Oriental, frente a Hyde Park), por causa de un norovirus. Una veintena de empleados del local y 24 comensales han resultado afectados por el virus, que se manifiesta con síntomas de gripe y causa problemas estomacales y diarrea.

También en febrero, en 2009, el restaurante de cabecera de Blumenthal The Fat Duck (en Bray) sufrió el mismo mal, con centenares de personas afectadas (y unos cuantos más que dijeron haberlo padecido) . La noticia del segundo caso de norovirus en las instalaciones de Blumenthal fue difundida el domingo por la prensa británica, a la que el chef (de 47 años) manifestó su pesar por lo sucedido: “No pararemos hasta recuperar la atmósfera de seguridad y de disfrute que deseo para mis comensales”.

Dinner, especializado en el rescate de recetas británicas antiguas y reconocido con dos estrellas Michelin, abrió en 2011 y sirve unas mil comidas al día (en los distintos turnos habituales en el mundo anglosajón). Tras la investigación de la autoridades de Westminster, se ha concluido que el norovirus es el causante de la intoxicación alimentaria y también serán subsanados algunas deficiencias higiénicas detectadas. Hasta que no se despejen las dudas no abrirá, asegura su responsable, quien ha pedido disculpas a los afectados y los que se han quedado colgados con la cancelación de sus reservas.

Además de lo ocurrido en las cocinas de Blumenthal, también los fogones de otro chef famoso, el danés René Redzepi, fueron atacados el pasado año, en marzo, por un norovirus. Noma, entonces en el podio del mejor restaurante del mundo, registró 67 personas afectadas, entre sus comensales y su personal. Además del problema de salubridad de los moluscos, el restaurante debió corregir deficiencias en el sistema de higiene detectados tras una exhaustiva inspección de las autoridades sanitarias danesas.

“Esto le puede pasar a cualquier establecimiento hostelero. Sin embargo, en los restaurantes con notoriedad este problema tiene una trascendencia mucho más grande. Nos solidarizamos con Heston , que estará pasando un mal trago”, asegura Joan Roca, jefe de cocina de El Celler de Can Roca, actualmente el mejor restaurante del mundo. “Estas cosas demuestran la fragilidad de todos los restaurantes, aunque extrememos las precauciones higiénicas”, añade el chef, y asegura que en los restaurantes de alta gama “se mantiene al máximo el nivel saludable, con autocontroles y auditorías continuos en cocina y sala para minimizar el riesgo”.

A los miles de establecimientos de hostelería se les suponen garantías de salubridad (aunque programas televisivos como Pesadilla en la cocina demuestran una realidad perturbadora). Los responsables de cocinas famosas aseguran que precisamente por su popularidad están en el ojo del huracán y reciben con frecuencia inspecciones (no solo de los inspectores que conceden las estrellas michelinescas).

Aunque los cocineros manejen marisco fresco, recién pescado, que ha pasado antes los controles pertinentes, hay bacterias pertinaces que se escapan a la vigilancia sanitaria “El norovirus no se detecta en las depuradoras”, lamenta Roca. El cocinero catalán precisamente anda inmerso desde 2010 en una investigación, conjuntamente con el IRTA (departamento de investigación agroalimentaria de la Generalitat) y laFundación Alicia (de ciencia e investigación alimentaria), para lograr neutralizar ese virus mediante el sometimiento de los moluscos a altas presiones. El producto queda como crudo, sin alterarse sus propiedades, pero está a salvo de bacterias malignas. El trabajo, iniciado con ostras, está ralentizado pendiente de financiación.

Mientras tanto, Roca no ofrece marisco crudo en su restaurante, porque ofrecerlo así, indica, es un riesgo, sobre todo en los meses invernales de pervivencia del norovirus. Para evitar consecuencias nocivas en los comensales, al marisco se le da un golpe de calor y una cocción. Eso elimina el peligro y no altera la apariencia del alimento.

Toxicología confirma la muerte accidental de la familia de Alcalá de Guadaíra

Los tres miembros de la familia de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), que fallecieron el 14 de diciembre, sufrieron una intoxicación al inhalar fosfina, un derivado de un plaguicida llamado fosfuro de aluminio del que almacenaban gran cantidad de tapones de envases en su cuarto de baño. Fuentes del caso afirman que el Instituto Nacional de Toxicología ha entregado al juzgado de instrucción 2 de Alcalá su informe definitivo sobre la muerte de la familia Caño Bautista —los padres y una hija de 14 años—, quienes murieron en un hospital a las pocas horas de sentirse mal con náuseas y vómitos.

Según dicho informe, la muerte se produjo de manera accidental debido al fosfuro de aluminio, un plaguicida que, en contacto con el agua o la humedad, se transforma en un gas muy tóxico llamado fosfina, que provoca la muerte en pocas horas. La familia almacenaba en la bañera de un aseo varios sacos llenos de tapones de distintos envases, entre ellos botes de fosfuro de aluminio, que luego el padre vendía al peso para reciclar.

La intoxicación se produjo por inhalación y los afectados presentaban síntomas similares a la gastroenteritis tales como náuseas, vómitos y dolor abdominal, según las fuentes. Enrique Caño, de 61 años, su esposa Concepción Bautista, de 50, y su hija de 14 años fallecieron el 14 de diciembre por un fallo multiorgánico y, por la sintomatología y rápido fallecimiento, los investigadores descartaron la toxiinfección alimentaria. Un tercer miembro de la familia, una chica de 13 años, no cenó aquella noche con sus padres y posiblemente llegó al domicilio cuando ya habían desaparecido los efectos tóxicos de la fosfina. El relato de la menor ante la juez no aportó datos que permitiesen sospechar un suicidio colectivo o un crimen por parte de algún miembro de la familia.

La fosfina es una sustancia volátil que, tras causar sus efectos mortales se degrada y desaparece del organismo, por lo que las investigaciones de Toxicología se orientaron a descartar otras sustancias venenosas como metales pesados o cianuro. El fosfuro de aluminio es un plaguicida utilizado en la agricultura y para limpiar silos y secaderos de jamones y se caracteriza por su olor desagradable, similar al del pescado podrido, del que dieron cuenta algunos vecinos de la familia intoxicada.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/03/andalucia/1391444127_698378.html

Philip Seymour Hoffman tenía en su casa 50 papelinas de droga

Agentes de la policía de Nueva York han encontrado en casa del fallecido actor Philip Seymour Hoffman 50 papelinas llenas de una sustancia que podría ser heroína -aunque no se descarta que podría tratarse de un cóctel de estupefacientes-, según han contado dos fuentes de la investigación a la cadena CNN. Los investigadores han hallado también varias botellas con medicamentos y más de 20 jeringuillas en una taza de plástico. Hoy se llevará a cabo la autopsia sobre el cadáver del intéprete.

El actor fue hallado muerto ayer, a los 46 años, en su apartamento de Nueva York con una jeringuilla clavada en el brazo. Lo encontró un amigo guionista, a las 11.30. En The New York Times, un oficial de la policía asegura: "Está bastante claro que fue una sobredosis. La jeringuilla estaba en su brazo"

A sus 46 años, Seymour Hoffman estaba considerado uno de los más brillantes actores actuales. Ganador del Oscar por Capote, candidato tres veces más con La guerra de Charlie Wilson, La duda y The master,también tuvo una fructífera carrera en teatro: compitió dos veces por los Tony. Y en televisión también estuvo dos veces compitiendo por el Emmy. "Soy un perfeccionista, un problema si eres actor. Cada entrada en escena es la primera vez. Yo no repito tomas, sino que vuelvo a hacerlas. Son conceptos diferentes", contaba en una entrevista en el suplemento Tentaciones.

Sus dos últimos estrenos en España han sido El último concierto, en el que encarna a un segundo violín de un talentoso cuarteto de cuerda, yLos juegos del hambre: en llamas, una serie que tendrá que replantearse ahora cómo retomar su personaje. Recién estrenada en Estados Unidos queda God's pockett, y pendiente aún de su lanzamiento comercial está la que puede que sea una enorme y postrera interpretación: la que regalan A most wanted man, thriller dirigido por Anton Corbijn. Ambas fueron proyectadas en el pasado festival de Sundance.

La gran tumba de los niños desobedientes

Cavaron tres meses buscando 50 cuerpos, en un cementerio donde oficialmente debían estar enterrados 31: 28 jóvenes estudiantes y dos empleados de la antigua escuela para varones Arthur G. Dozier de Marianna, Florida. Cavaron entre septiembre y diciembre de 2013 donde indicaban las sombras rojas y amarillas del radar de prospección, y encontraron más cuerpos de los que buscaban. Encontraron más niños. Y los antropólogos no dudan que encontrarán medio centenar más si siguen cavando.

En el Panhandle de Florida, la franja fronteriza de 200 millas que colinda en el noroeste con los Estados sureños de Alabama y Lousianna, el reformatorio de Marianna arrastra una oscura popularidad de más de un siglo por los abusos que allí se cometían. No era una prisión, en términos formales. En la época en la que fue inaugurado -el 1 de enero de 1900- no había prisiones en Florida, sino campos de trabajo como éste, donde el castigo físico –las palizas, el confinamiento, las cadenas—y la segregación racial eran política de la institución. Allí iban a parar los jóvenes y niños entre 6 y 18 años de edad, con condenas penales por robo o lesiones. También los acusados de ausentismo escolar e incorregibles, los huérfanos, de 22 condados distintos de los Estados sureños de Florida, Georgia y Carolina del Sur. Hasta que fue clausurado, el 30 de junio de 2011.

El reformatorio de Marianna fue el primero de este tipo en Estados Unidos. Fue rebautizado tres veces y estuvo siempre a cargo del Departamento de Justicia Juvenil de Florida. El Estado le cambió el nombre por primera vez en 1914, después de que seis investigaciones legislativas comprobaron que, durante los 13 años anteriores, los niños de Marianna recibían castigos brutales e inapropiados, que eran encadenados y que su alimentación y sus albergues eran paupérrimos. Especialmente los de los chicos negros, a quienes les correspondía trabajar en los cultivos de madera, algodón y hortalizas de la escuela y que eran cedidos para trabajar por temporadas como mano de obra en granjas del pueblo. En 1968 fue llamada Escuela para varones Arthur G. Dozier, en honor a uno de sus exdirectores.

“Había chicos allí que ni siquiera tenían edad para cometer un delito”. Glen Varnadoe fue uno de los primeros familiares que intentó una acción legal contra el Estado para que le devolvieran los restos de su tío, Thomas Varnadoe, quien murió en Marianna el 26 de octubre de 1934, a los 13 años, un mes y una semana después de haber sido enviado al reformatorio por “violación maliciosa de propiedad privada”. Thomas y su hermano Hubert, el padre de Glen, habían entrado al patio de la casa vecina para jugar con la máquina de escribir que la dueña de casa tenía en la trastienda. Una semana después del funeral, el superintendente de la escuela envió una carta a la familia para notificar que Thomas había muerto de neumonía. El diario de la escuela, The Yelow Jacket, le dedicó una líneas en su edición del 3 de noviembre: decían que el chico ya arrastraba una pobre condición de salud y que al sepelio asistió un amplio número de empleados y alumnos de la escuela, entre ellos Hubert. “Mi padre estaba tan avergonzado de haber ido a parar allí que nunca habló de los tratos que recibía en Marianna. Pero es difícil de creer que alguien pueda enfermarse de neumonía entre septiembre y octubre en el clima del sur de Florida”, dice Glen Varnadoe.

Los registros oficiales del reformatorio están incompletos. Hay largas listas de tránsfugas de los que nunca se supo más. En la mayoría de los decesos reportados desde su fundación la causa de muerte es desconocida y en otros es atribuida a la neumonía, a la inmersión, a un incendio y a accidentes y homicidios nunca aclarados. Hasta el cierre de la escuela, había solo 31 tumbas en el cementerio de la propiedad, identificadas con cruces blancas de metal. En atención a las denuncias acumuladas durante décadas, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés) cruzó datos, recabó testimonios y estimó que podía haber más de 80 niños desaparecidos y enterrados en distintos puntos de las 560 hectáreas que comprenden las instalaciones del reformatorio. El FDLE encargó al Laboratorio de Antropología Forense de la Universidad de South Florida una investigación más profunda.

Los trabajos empezaron en el cementerio, ubicado en el área de la escuela reservada para los estudiantes negros, donde el radar de prospección indicaba que podría haber entre 40 y 50 cuerpos enterrados. “Cuando comenzamos a excavar, encontramos muchos más cuerpos de los que esperábamos. Al final, conseguimos restos de 55 niños. ¿Quiénes son los demás chicos? ¿Por qué nadie sabía de ellos? Durante los próximos dos meses nos dedicaremos a encontrar sus identidades, quiénes fueron y cómo murieron. Eran muy chiquitos, el más pequeño tenía 6 años”, dice el profesor y antropólogo Christian Wells, uno de los investigadores que trabaja en el terreno junto con un centenar de especialistas y voluntarios dirigidos por la profesora Erin Kimmerle. Glen Varnadoe y los familiares de otros once antiguos internos muertos o desaparecidos han entregado muestras de ADN para que sean comparadas con las de los restos hallados hasta ahora. El departamento de casos no resueltos de la policía del condado de Hillsborough, en Tampa, busca información de los familiares de otros 44 chicos que también fueron sepultados en Marianna entre 1914 y 1952.

Nunca le había a tocado a Wells una tarea similar. Había trabajado antes en Honduras, en Guatemala, en México, en tumbas mayas y aztecas de miles de años de antigüedad, sin familias sobrevivientes, ni comunidades ni gobiernos involucrados.

“Esto es muy distinto. Desde el principio, esta ha sido una larga batalla con el Estado porque nadie sabía realmente qué autoridad debía encargarse. ¿Era un caso médico? ¿Un caso forense? ¿Un caso arqueológico? No está muy claro quién puede ser responsable de todo esto. Creo que hay gente que se siente nerviosa de que encontremos una bala o cualquier otra prueba”, dice Wells.

La fiscal general de Florida, Pamela Jo Bondi, consiguió un presupuesto de varios miles de dólares para que los antropólogos sigan cavando, hasta agosto de 2014, y practiquen pruebas genéticas a lo que encuentren. “Sabemos que han ocurrido atrocidades en la escuela de varones Dozier desde principios de 1900. Estas familias necesitan un cierre. Lo justo es que podamos identificar a sus seres queridos y entregarles sus restos”, ha dicho la fiscal. Pero a la comunidad de Marianna no le complace su empeño ni el de los antropólogos.

Marianna sigue siendo un área semirrural y conservadora, poblada por familias que han vivido allí por generaciones y que ahora ocupan cargos de poder en Tallahassee, capital del Estado y sede del Gobierno. Sus abuelos y bisabuelos trabajaron en la escuela que, junto a las granjas, el hospital y el Centro para Jóvenes Delincuentes de Jackson, fueron las principales fuentes de empleo durante la primera mitad del siglo pasado. “La gente no quiere que estemos ahí. No les gusta que estemos abriendo tumbas y moviendo muertos. Nadie necesita ver eso. Algunas veces es difícil, cuando escuchas decir en los medios locales que eres una mala persona. Pero mucha gente también nos ha dicho en privado que están muy contentos con que estemos allí, aunque jamás lo dirían en público porque es una ciudad muy pequeña, todo el mundo conoce a todo el mundo”, comenta Wells.

La imagen que la pequeña ciudad desea conservar del reformatorio es la de su archivo fotográfico. Postales veraniegas en blanco y negro, donde los estudiantes y empleados de la Escuela para varones Arthur G. Dozier posan sonrientes, llenos de vida.

La justicia fija en el 25% las clases en castellano en Cataluña

Como la Generalitat de Cataluña se negaba a hacerlo, han sido los jueces los que, al final, han decidido por ella. El Tribunal Superior de Jusiticia de Cataluña (TSJC) ha establecido que el Departamento de Enseñanza debe asegurar a ocho alumnos un mínimo del 25% de clases en castellano dentro del aula. En repetidas sentencias, el mismo TSJC, el Tribunal Supremo y el Constitucional habían instado al Gobierno catalán a garantizar que el castellano fuera lengua vehicular en la escuela para el alumno que lo pidiera y toda su clase, aunque dejaba en manos de la consejería el poder de fijar la proporción de las dos lenguas cooficiales. Ante la inactividad de la Generalitat, el TSJC ha cogido las riendas de la cuestión, altamente sensible en Cataluña, y ha fijado este porcentaje.

La decisión sobre los ocho alumnos se contiene en cinco autos de la Sala de lo Contencioso de ese tribunal, pero establece el criterio a seguir cuando un estudiante solicite clases en castellano. Contra ellos cabe un recurso de reposición que la Generalitat presentará, aunque como debe resolverlos el mismo tribunal, con toda probabilidad lo rechazará. Las resoluciones dejan poco margen a la administración catalana, ya que obliga, además de a la Generalitat, a los propios directores de los colegios personalmente a cumplir el mandato. Además, lo deben hacer en un mes. En caso de incumplir esos requerimientos, los directores se arriesgan a sanciones económicas e incluso a un proceso penal por delito de desobediencia, que conlleva la inhabilitación. Es decir, si se niegan a obedecer, en última instancia, podrían perder sus empleos y sueldos durante un año. 

Según la Generalitat, a 30 de julio de 2013, solo 23 familias habían solicitado clases en castellano

Los autos recuerdan la doctrina sobre este asunto asentada en diversas sentencias del Constitucional y el Supremo. El primero, en su sentencia sobre el Estatuto, estableció que el castellano tenía que ser también lengua vehicular en la enseñanza. Después, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo obligó a la Generalitat a tomar “cuantas medidas sean precisas” para que ambas lenguas se usen en el sistema educativo. Esta misma Sala estableció en febrero de 2013 que correspondía al Gobierno catalán decidir la proporción de horas lectivas en castellano y determinó que esa obligación no se cumplía “con la prestación de una atención particularizada” al alumno que lo reclamase. Es decir, que las clases en castellano debían recibirlas los que las pidiesen, pero también el resto de sus compañeros de clase. Todo ello, sin que el catalán deje de ser “el centro de gravedad del sistema” pero sin que la presencia del castellano “sea ilusoria o constituya un artificio de mera apariencia”.

Ocho años de conflicto lingüístico en los tribunales

• Julio de 2006. Tres familias acuden a la justicia después de que la Generalitat les niegue su petición de que el castellano sea lengua vehicular en la misma proporción que el catalán.

• Diciembre de 2008. La Sección Quinta del TSJC desestima el recurso y los padres recurren al Supremo.

• Julio 2010. Sentencia del Constitucional sobre el Estatut, que equipara castellano y catalán como lengua de enseñanza.

• Diciembre 2010. El Supremo acepta el recurso y dicta que la familia tiene derecho a que el castellano sea vhicular. La sentencia insta a la Generalitat a “adoptar cuantas medidas sean precisas” para adaptarse a la “nueva situación” creada por el TC.

• Marzo de 2011. Educación no pide que se aclare el alcance de la sentencia del Supremo.

• Mayo de 2011. La familia pide ejecutar la sentencia tras manifestar la Administración su voluntad de no hacerlo. La Generalitat no se pronuncia en las alegaciones.

• 13 julio de 2011. Educación remite un escrito con las medidas y concluye que, por el déficit de conocimiento del catalán, es necesario seguir con el modelo educativo.

• 28 julio de 2011. La Sección Quinta de la sala contencioso-administrativo del TSJC da dos meses a Educación para “adaptar su sistema de enseñanza”.

• Septiembre de 2011. El auto sale a la luz. La Generalitat pide que quede sin efecto. El TSJC suspende la efectividad del auto hasta que resuelva el recurso.

• 8 marzo de 2012. El pleno de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC acepta el recurso y avala la inmersión. 

• 19 febrero de 2013. El TS confirma la resolución del TSJC y rechaza el recurso de una de las tres familias, la de Feliciano Sánchez.

• 10 de abril de 2013. El TSJC dicta un auto y aclara que toda un aula quedará afectada si un alumno pide más horas en castellano.

• 31 de enero 2014. El TSJC de Cataluña fija que un 25% de clases en castellano en aquéllas aulas en las que un alumno lo solicite.

Los jueces creen que la Generalitat ha incumplido esos requerimientos en el caso de esos ocho alumnos. Por eso dan un paso más y fijan ellos mismos un porcentaje concreto sobre la presencia del castellano en las aulas. EL TSJC llama ahora a los directores de los centros a adoptar “las disposiciones pedagógicas oportunas” que aseguren la presencia mínima del castellano del 25% de horas lectivas, “debiendo impartirse en dicha lengua oficial, además del área, materia o asignatura lingüística correspondiente a su aprendizaje, cuando menos otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análogo”, como, por ejemplo, las matemáticas.
La decisión se toma tras analizar los informes sobre el uso de las lenguas que los cinco centros afectados habían enviado al tribunal. En uno de ellos se explica que una alumna de quinto de Preescolar de un centro concertado de Barcelona recibe, de las 22,5 horas lectivas totales —sin contar el recreo—, 19,4 horas en catalán, dos en inglés y una en castellano. Sus hermanas, en cuarto de Primaria, realizan 15 horas semanales en catalán, tres en castellano y 2,5 en inglés.

El mismo tribunal afirma que en otros casos judicializados los centros sí han aumentado la presencia del castellano. Y es que la inmersión lingüística en catalán no es un modelo que se aplique homogéneamente en los centros. Según datos de la Generalitat, el 12,7% de las escuelas ha incrementado la presencia de la lengua castellana en las aulas.

El Ejecutivo catalán acostumbra a justificar que el conocimiento del castellano y del catalán están garantizados a un mismo nivel al final de la educación obligatoria y se remite a los resultados de las evaluaciones académicas, en que los alumnos catalanes llegan a sacar mejor puntuación en lengua castellana que los de algunas comunidades monolingües. La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, suele defender el sistema de inmersión lingüística por su papel de “cohesión social” e insiste en negarse a “separar a los alumnos por razón de lengua”.

Igualmente, la consejera catalana también suele tachar esta polémica de “artificial” y “política” e incide en que es un problema “minoritario” y en descenso. Según sus datos de Rigau, a fecha de 30 de julio de 2013 habían solicitado las clases en castellano 23 familias, mientras que en el 2012 fueron 26 familias y en 2011, 263. Actualmente, los tribunales todavía mantienen abiertos 24 casos.
Como en otras ocasiones, las nuevas resoluciones judiciales enervaron a la comunidad educativa, a sindicatos y a varios partidos. La plataforma en defensa de la inmersión lingüística, Somescola.cat, aseguró que “la lengua y el modelo educativo no debe decidirse por la vía judicial” y pidió a la Generalitat que continúe blindando el modelo de escuela catalana. Algunos partidos y el sindicato UGT reclamaron directamente a Rigau “que no aplique” los mandatos. Para Albert Branchadell, profesor de filología catalana de la Universidad Autónoma de Barcelona y experto en inmersión lingüística, los autos son “una consecuencia lógica de la senda que abrió el Constitucional”.

Multitudinaria protesta en Madrid contra la ley del aborto de Gallardón

El centro de Madrid acoge una amplia movilización contra reforma de la ley del aborto que  reúne a varios miles de personas. Decenas de organizaciones de mujeres y entidades que luchan por los derechos reproductivos de toda España marchan por el centro de la capital. A la protesta se han sumado sindicatos y partidos políticos, para exigir la retirada del anteproyecto aprobado en Consejo de Ministros a finales de diciembre. Hasta la capital han llegado decenas de trenes y autobuses para participar en la iniciativa Tren de la libertad, una idea que nació en Asturias, de dos organizaciones de mujeres que querían viajar a Madrid para entregar un manifiesto contra la nueva ley, y que se ha ampliado a otras muchas ciudades. Los manifestantes piden la dimisión de Gallardón, protagonista principal de los gritos de los manifestantes. Junto con la exigencia de dimisión del ministro, otro de los gritos más escuchados en la movilización es 'Yo decido'.

Varios representantes políticos han exigido la retirada del proyecto en el inicio de la manifestación, en la estación de Atocha, entre ellos Gaspar Llamazares, Elena Valenciano, Inés Sabanés y la presidenta deCatólicas por el Derecho a Decidir, Mar Grandal.

El ambiente festivo predomina en la marcha, con una batukada que alegra el paso de los manifestantes. Entre los participantes se encuentran María Rosa y su hija, que han llegado de Barcelona para defender el derecho al aborto. "Esto nos compete a todos, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos, por eso hay que movilizarse", dice María Rosa, que ya se manifestó en 1985 por el derecho al aborto.

Justa Montero, de la Asamblea Feminista y una de lasa históricas por el derecho al aborto apunta que esta es una de las mayores manifestaciones que se han celebrado en España. "En 1979 también hubo otras pero esta es la mayor de los años recientes", señala.

“No vamos a permitir que compadreen con los derechos de las mujeres

Entre los participantes destaca el elevado número de hombres. Félix, de 37 años, y Juan Carlos, de 45, han llegado desde Soria. Ante el Ministerio de Sanidad, donde se grita "Ana Mato, dimisión", afirman que "hay que manifestarse cuando hay un recorte de derechos como este, hombres y mujeres, porque los hijos son de los dos".

Rita, portuguesa y envuelta en una bandera de su país sostiene una pancarta en la que se lee: "Al medievo los peperos". Se manifiesta junto con su marido y sus dos hijos de 3 y 5 años. "Creo firmemente que esta ley busca meter a las mujeres en la cocina", dice Rita.

“La nueva ley es un retroceso enorme en todos los derechos que las mujeres hemos conseguido. Es una ley que nos obliga a ser madres cuando no queremos. Nos quita la libertad de decidir”, reclama Victoria García Corte, miembro de la Asociación de Mujeres por la Igualdad Valle del Nalón, una de las mujeres que ha viajado a Madrid desde Asturias. “Lo que pedimos es libertad a la hora de decidir. En una sociedad democrática nadie nos puede obligar a ser madres cuando no queremos. Tampoco criminalizarnos por ejercer nuestros derechos; derechos como el del aborto, que ha costado mucho conseguir”, argumenta García Cortés. “No estamos dispuestas a rendirnos”, dice.  "Los que hacen esta ley son los hijos de las que hace años iban a Londres a abortar", asegura una de las manifestantes de este sábado en Madrid.

El anteproyecto de ley, impulsado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, elimina el derecho de las mujeres a decidir libremente abortar, algo que la actual ley, que el Gobierno derogará, permite hasta la semana 14 de gestación. Con nueva ley, que debe recabar aún los informes preceptivos y pasar por el trámite parlamentario, solo se permitirá el aborto en dos supuestos: violación o riesgo grave para la salud física o psicológica de la madre. Ministerio de Justicia ha redactado así una norma similar a la que regía en España de 1985 hasta 2010 –cuando el aborto era un delito salvo en determinados casos--, pero mucho más restrictiva: elimina el supuesto de aborto por malformación fetal, uno de los puntos que más críticas ha desatado dentro del Partido Popular. La nueva ley del aborto, la más restrictiva desde la democracia, alejaría a España de los modelos que rigen en la mayoría de los países de la UE. En Bélgica, Italia, Alemania, Portugal o Francia las mujeres pueden abortar sin tener que alegar o demostrar ninguna causa durante las primeras semanas de gestación; es lo que se conoce como leyes de plazos.

“No vamos a permitir que compadreen con los derechos de las mujeres. Con nuestro derecho a la libertad”, apunta Consuelo Navarro, Secretaria general de CCOO en Alicante, desde donde han llegado a Madrid dos autobuses. “Llevamos mucho tiempo peleando por la igualdad y ahora no es el momento de denunciar. Y menos en un contexto social democrático en el que seguimos creyendo. Nadie nos puede expropiar el derecho a decidir sobre nuestro propio continente que es nuestro cuerpo”, indica. La feminista y profesora de Derecho Mar Esquembre, también de Alicante, suscribe sus palabras. “Nos movilizamos en Madrid por nuestra libertad. Porque hemos hecho un pacto entre mujeres para luchar por nuestra libertad”, añade.

La reforma española ha desatado el debate en toda la UE donde se ha visto como un ejemplo de regresión. Las movilizaciones de hoy de Madrid tendrán también apoyo en otras ciudades europeas, donde también hay previstas manifestaciones. En Francia, por ejemplo, donde también se vive un debate sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo –que su Asamblea Nacional reforzó hace unos días-- 80 organizaciones de mujeres han convocado marchas en 34 ciudades.

Ayer, el Tren de la libertad de Asturias hizo su primera y única parada en Valladolid, donde las mujeres hicieron noche. En esa ciudad, donde además se está celebrando estos días la Convención Nacional del Partido Popular, cientos de personas se manifestaron frente al auditorio donde estaba reunida la cúpula del PP. Allí, se leyó el manifiesto que las asturianas entregarán hoy en el Congreso de los Diputados. El texto, titulado ‘Yo decido’, reclama el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad.

El convoy en el que viajan las mujeres asturianas ha legado a Madrid, a la estación de Atocha, a las 11.30, donde estaba esperando un grupo de organizaciones que, coordinadas por la Plataforma Decidir Nos Hace Libres, darán la bienvenida a las viajeras.  El Tren de la Libertad hará su última parada en una asamblea abierta, que se celebrará en el Auditorio Marcelino Camacho de CCOO, a partir de las 15:00.